La llegada de un huaquero a Nuevo Chimbote para concretar la venta de piezas arqueológicas a compradores particulares permitió evidenciar la existencia de coleccionistas interesados en adquirir estos bienes culturales. Durante una entrevista, el extractor explicó que fue contactado por un profesional interesado en ampliar una colección privada. Sus declaraciones fueron contrastadas con un arqueólogo y un representante de la Policía Nacional, quienes advirtieron sobre el impacto que esta actividad genera en el patrimonio cultural y las consecuencias legales de su comercialización.
La investigación permitió establecer que el huaquero llegó a Nuevo Chimbote tras ser contactado por un comprador habitual, a quien identificó como un profesional con una colección privada de piezas arqueológicas. Durante la entrevista mostró objetos atribuidos a diversas culturas prehispánicas, entre ellas Paracas, Nazca y Moche, además de piezas elaboradas en cobre, plata y oro. Explicó que el valor de estos bienes depende de factores como su antigüedad, estado de conservación y complejidad artística, siendo las piezas policromáticas algunas de las más cotizadas entre los compradores.
El extractor también relató que no limita su actividad a Áncash, sino que viaja a otras regiones del país en busca de piezas arqueológicas. Describió el proceso de excavación que emplean los huaqueros, indicando que primero utilizan herramientas como picos y palanas para remover la tierra y, una vez cerca del objeto, continúan el trabajo manualmente con brochas para evitar dañarlo. Asimismo, sostuvo que muchas personas recurren al huaqueo debido a la crisis que atraviesa la agricultura y planteó que el Estado debería adquirir las piezas halladas para evitar que terminen en manos de coleccionistas particulares.
Sin embargo, el arqueólogo Jimmy Gomero rechazó esa postura y explicó que la extracción clandestina provoca daños irreparables al patrimonio cultural. Señaló que al retirar una pieza sin un procedimiento científico se destruye el contexto arqueológico, impidiendo estudiar las capas del terreno y otros elementos fundamentales para reconstruir la historia de las antiguas sociedades. Agregó que estas excavaciones también pueden representar riesgos para la salud al dejar expuestos materiales que permanecieron enterrados durante largos periodos.
El especialista también desmintió la afirmación del huaquero de que la extracción y venta de piezas dentro del país no constituye un delito. Precisó que el ingreso no autorizado a un sitio arqueológico para extraer bienes culturales ya configura una conducta ilícita, al igual que su comercialización dentro del territorio nacional. Asimismo, confirmó que aún existen coleccionistas privados interesados en este tipo de objetos, situación que —según indicó— incentiva el huaqueo y dificulta la conservación del patrimonio arqueológico. Como medidas para enfrentar esta problemática, propuso fortalecer la educación sobre el valor del patrimonio y reforzar la vigilancia en las zonas arqueológicas protegidas.
Por su parte, un representante de la Policía Nacional explicó que las investigaciones relacionadas con el huaqueo y el tráfico de bienes culturales se desarrollan de manera conjunta con la Policía de Medio Ambiente y el Ministerio de Cultura, instituciones encargadas de dirigir este tipo de casos. Añadió que quienes participen en la extracción o comercialización ilegal de piezas arqueológicas pueden enfrentar sanciones penales y económicas previstas por la ley. Finalmente, recomendó a la ciudadanía entregar cualquier objeto arqueológico que encuentre al Ministerio de Cultura y evitar su compra o venta, con el fin de contribuir a la protección del patrimonio cultural.
